Génesis del Proceso de Acreditación en Panamá

 

 

En los últimos diez (20) años se ha evidenciado un vertiginoso aumento en la demanda por estudios universitarios en Panamá. En general, este es un indicador positivo, por cuanto que refleja mayor porcentaje de la población con estudios de nivel superior y, por ende, con mayores oportunidades de mejorar su calidad de vida y contribuir, con lo que corresponde, al desarrollo del país. Pese a ello, cuando se ven las cifras particulares sobre las mayores matrículas universitarias, éstas se encuentran en ciencia sociales, educación, humanidades y similares.

Si bien éstas son disciplinas importantes, no corresponden a las de mayor valoración social o económica ni están directamente relacionadas con los megaproyectos que se vislumbran para el país en el futuro cercano. Aquéllas que reciben mayores ingresos, por diferentes razones y que tienen relación estrecha con los proyectos en marcha y futuros, están relacionadas con ciencia y tecnología, en todos los niveles.

Por otro lado, un estudio realizado recientemente en Panamá, evidenció que el 60% de los puestos gerenciales en Panamá, está ocupado por extranjeros o por panameños que han estudiado en el extranjero.

De acuerdo con el Índice Goethals de Competitividad Empresarial de junio de 2009, los egresados de las universidades públicas nacionales ocupan sólo un 33.3% de los cargos de los mandos altos. Puede inferirse que la realidad laboral exige conocimientos que ya no se suponen garantizados por las titulaciones de nuestras universidades públicas  o que el área de las universidades privadas e internacionales es más flexible y permeable a las exigencias del mercado laboral en la elaboración de sus pensum académicos.

Es evidente, pues, que, en el aspecto social, está en peligro la formación de una generación panameña de relevo, en cantidad y calidad suficientes, para sostener el crecimiento del país. Sin pretender diagnosticar el estado de la educación superior en Panamá, señalamos que, parte de la situación se debe a que son pocas las universidades que administran exámenes de admisión para seleccionar a los estudiantes de primer ingreso de acuerdo con un perfil, y las que lo hacen, exigen menor puntaje de aprobación que las universidades de países vecinos.

En general, las universidades particulares no administran este tipo de pruebas, salvo honrosas excepciones en algunos programas específicos. Por ello, se colige que no se tiene evidencia del perfil de los estudiantes de primer ingreso. Hay algunas universidades que ofrecen cursos propedéuticos o programas de reforzamiento para aquellos estudiantes de primer ingreso que lo necesitan, especialmente en ciencias de la salud e ingeniería.

Lo anterior influye en el perfil de egreso de las universidades, a no ser que se haga un esfuerzo enorme durante el proceso de formación, tanto en contenidos como en rigurosidad, para lograr el perfil de egreso que demanda el país.

Ante lo señalado, es evidente que el bajo perfil de los estudiantes de primer ingreso afecta el rendimiento, la eficiencia y quizá, hasta la eficacia de los estudiantes universitarios y, por lo tanto, el impacto de estos en el desarrollo del país. Es arriesgado hacer generalizaciones de esta naturaleza, pero el objetivo es llamar la atención sobre la necesidad de realizar investigaciones en este sentido, para establecer políticas de Estado que garanticen el aseguramiento de la calidad de la educación.

Ante la proliferación de universidades y ofertas académicas como respuesta a la demanda, se hace necesario valorar la calidad de las mismas. Además, la valoración de la calidad en las universidades promueve la planificación estratégica y la gestión académico-administrativa, promueve la proyección social y la inserción en el desarrollo nacional y, finalmente, beneficia al desarrollo del país.

Así las cosas, urge la necesidad de que el Estado responda a su función de velar por la calidad de la educación superior, siendo ésta un bien público social, nacional e internacional, y un derecho ciudadano.

En Panamá las  instituciones educativas de nivel superior se han visto en la necesidad de demostrar a la sociedad en general no solamente cómo es la calidad de su producto, de sus egresados, sino la forma en que éste se forma en el proceso. Una de las exigencias, sobre todo en América Latina es ingresar en la competencia desde el punto de vista de mercado, que condiciona a los países a entrar en la "calificación" que le permita concretar su participación en el mismo.

En nuestro país Panamá se aprueba una ley 52 en el 2015, la cual crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria de Panamá y deroga la ley 30 de 20 de julio de 2006 y en su artículo 2, describe los actuales actores que intervienen en este proceso.

Esta acreditación está bajo la supervisión directa del Ministerio de Educación entre otros actores, sin embargo, cuentan con Asesor de alto nivel  que es Consejo Nacional De Evaluación Y Acreditación Universitaria De Panamá, que tiene su origen en la  Ley 30 del 20 de Julio de 2006.